En una enmienda presentada al parlamento a última hora del lunes, el gobierno estipula que en los casos que involucran actos criminales cometidos por miembros del parlamento, la investigación debe ser realizada por un juez de instrucción especial, excluyendo efectivamente a los fiscales europeos.
“En los casos de actos delictivos cometidos por miembros del Parlamento, para cuyo procesamiento se haya concedido la autorización pertinente del Parlamento […] en el caso de delitos graves, la investigación previa deberá ser practicada, sin perjuicio de cualquier otra disposición general o específica, por un juez de instrucción especial”, dice la disposición.
La enmienda legislativa se someterá a votación parlamentaria a última hora del martes.
La Fiscalía Europea reaccionó con alarma ante la medida de Grecia y la velocidad con la que se estaba impulsando la legislación. También arroja dudas sobre la sinceridad de Atenas a la hora de garantizar el uso legal de los fondos de la UE en Grecia.
La fiscal europea Laura Codruța Kövesi envió una denuncia formal sobre la enmienda del lunes al ministro de Justicia griego, Giorgos Floridis, según funcionarios que siguen el asunto.
En una declaración, la Fiscalía Europea dijo: «Las implicaciones potenciales de los cambios son amplias y su adopción apresurada, que no deja ninguna oportunidad significativa para un escrutinio o debate adecuado, parece estar en desacuerdo con el principio de cooperación sincera cuando se trata de la protección de los intereses financieros de la UE en Grecia».
