Magyar tiene una supermayoría parlamentaria. Pero las reformas deben redactarse, promulgarse y sobrevivir a los desafíos legales. Puestos clave –entre ellos la presidencia, el presidente del Tribunal Constitucional y el fiscal general– siguen ocupados por leales a Orbán que podrían obstruir las reformas.
Intentar eliminarlos podría desencadenar una crisis constitucional, dijo John Morijn, profesor de derecho y política en relaciones internacionales en la Universidad de Groningen.
«Es extremadamente difícil restablecer el Estado de derecho sin infringir la ley», afirmó Morijn. Destituir a los líderes de la corte sería “algo muy draconiano”, añadió. «Él también estaría violando la Constitución y la Comisión no quiere verse asociada a eso. Se enfrentaría a una crisis constitucional».
Magyar ha reconocido algunos límites. Después de decir que presentaría la intención de Hungría de unirse a la Fiscalía Europea a von der Leyen y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, añadió: «No podemos aceptar propuestas de enmiendas que puedan entrar en conflicto con el sistema constitucional húngaro. Creo que la Comisión Europea lo entenderá».
Polonia también pesa sobre Bruselas.
Después de que Donald Tusk llegara al poder en las elecciones de 2023 en Polonia, la Comisión descongeló más de 100.000 millones de euros después de que Varsovia presentara un plan de reforma judicial y tomara medidas iniciales para reconstruir la confianza. Pero el presidente Karol Nawrocki, leal al partido Ley y Justicia, bloqueó posteriormente reformas clave, alimentando críticas de que la Comisión había liberado fondos basándose en promesas y no en cambios reales.
