El juez dice que las restricciones colocan la vida de los inmigrantes en «un limbo legal indefinido», motivado por un «sentimiento antiinmigrante».
Publicado el 5 de junio de 2026
Un juez federal anuló las amplias restricciones impuestas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump a los procedimientos de inmigración para 39 países.
El fallo del viernes del juez de distrito John McConnell condenó las restricciones impuestas en noviembre de 2025, tras los tiroteos en Washington, D.C., contra dos miembros de la Guardia Nacional.
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McConnell dijo que esta política impidió efectivamente que ciudadanos de 39 países obtuvieran decisiones finales sobre cuestiones de asilo, tarjetas de residencia, aprobaciones de trabajo y solicitudes de ciudadanía.
Este cambio “arrojó las vidas de innumerables inmigrantes que viven en Estados Unidos a un limbo legal indeterminado”, escribió en el fallo.
McConnell discrepó específicamente con las afirmaciones de la administración Trump de que las restricciones eran necesarias para abordar preocupaciones de seguridad nacional.
Dijo que USCIS utilizó «preocupaciones pretextuales sobre la ‘seguridad nacional’ enmascarando un sentimiento antiinmigrante».
«El control de USCIS sobre las adjudicaciones no puede atribuirse a ninguna mala conducta por parte de estos individuos; surge únicamente del accidente de su nacimiento», dijo el juez.
«Más de seis meses después, muchas de estas personas siguen sin trabajo, sin estatus legal y sin ninguna capacidad significativa para planificar su futuro», dijo McConnell.
Los 39 países implicados se encuentran en su mayoría en África, Oriente Medio y Asia.
Trump hizo campaña con promesas de supervisar una campaña de deportación masiva para expulsar a personas indocumentadas que viven en Estados Unidos, pero se ha centrado cada vez más en las vías de inmigración legal.
En enero, el Departamento de Estado de Estados Unidos dejó de procesar por separado la mayoría de las visas de inmigrantes de 75 países, alegando que los inmigrantes de esos países representan un alto riesgo de volverse dependientes de los servicios sociales estadounidenses.
La administración Trump también redujo el límite en el número de refugiados rigurosamente examinados que se permiten en Estados Unidos, fijando inicialmente el número en un mínimo histórico de 7.500, antes de aumentarlo en 10.000.
La administración dio prioridad al traslado de afrikaners blancos, una medida que los críticos describieron como descaradamente racista.
En una declaración, Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, dijo que el último fallo “reafirma un principio fundamental: el gobierno federal no puede cerrar vías de inmigración legal ni discriminar a las personas según su procedencia”.
“Estas políticas ilegales han causado un daño enorme a familias, trabajadores, solicitantes de asilo y comunidades de todo el país que han quedado en el limbo, sin poder trabajar, acceder a protección o seguir con sus vidas”, dijo.
