Un juez estadounidense se negó a bloquear inmediatamente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que endurece las reglas para la votación por correo.
Pero el juez –Carl Nichols en el Distrito de Columbia– dejó el camino abierto para que los demócratas impugnen la medida nuevamente a medida que la administración avanza para implementarla.
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Nichols, designado por Trump, falló el jueves en contra de una solicitud de los demócratas y grupos de derechos civiles que buscaban detener la orden ejecutiva. Los oponentes dijeron que la medida probablemente sería inconstitucional porque el poder de establecer reglas electorales recae en los estados y el Congreso, no en el presidente.
Sin embargo, en su fallo, Nichols estuvo de acuerdo con el argumento de la administración Trump de que el caso es prematuro porque la orden aún no se ha implementado.
Añadió que la administración todavía está trabajando en el desarrollo de las reglas y procedimientos necesarios para hacer cumplir esta medida, lo que hace que cualquier daño potencial sea demasiado especulativo para una intervención inmediata del tribunal.
Si bien el juez reconoció que las acciones futuras de las agencias federales aún pueden enfrentar desafíos legales, concluyó que el caso aún no está listo para revisión judicial.
“El tribunal reconoce que el Servicio Postal puede en última instancia emitir un fallo final que afecte directamente a los demandantes o a sus miembros, o que el gobierno puede establecer listas de ciudadanía estatales que eliminen a individuos específicos debido a ciertos defectos”, escribió Nichols.
«Los demandantes pueden, por supuesto, renovar sus mociones si esas acciones futuras ocurren. Sin embargo, hasta entonces, los demandantes no pueden demostrar que se justifica una medida cautelar preliminar».
El fallo se produce mientras el Partido Republicano de Trump enfrenta una intensa batalla para mantener el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de período de noviembre.
La orden ejecutiva de Trump exige que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recopile y presente listas de ciudadanos estadounidenses confirmados elegibles para votar en cada estado. También requiere que el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) envíe boletas por correo solo a los votantes en las listas estatales de votación en ausencia y por correo.
Los grupos de derechos electorales han advertido que las medidas podrían basarse en bases de datos federales de ciudadanía obsoletas o inexactas y imponer una responsabilidad excesiva al USPS, que no administra directamente las elecciones.
Los demócratas cuestionan el orden de votación de Trump
La votación por correo se ha expandido en todo Estados Unidos, en estados que se inclinan tanto por los republicanos como por los demócratas.
La adopción de servicios de votación por correo ha aumentado desde la pandemia de COVID-19, cuando muchos votantes estadounidenses se pusieron en cuarentena para evitar la propagación del virus, y esta sigue siendo una forma popular de votar.
En las elecciones de 2024, casi un tercio de todos los votos se emitieron por correo. Actualmente, ocho estados realizan elecciones casi exclusivamente por correo y reportan algunas de las medidas de integridad electoral más sólidas del país.
Sin embargo, Trump ha tratado de enmarcar el voto por correo como un sistema que perpetúa el fraude electoral, a pesar de la poca evidencia que respalde esa afirmación.
Al emitir una orden ejecutiva para restringir el voto por correo, los demócratas y grupos de derechos civiles argumentaron que Trump violó la Constitución de Estados Unidos, que otorga a los estados el poder de determinar los «momentos, lugares y forma» de las elecciones.
También afirman que sólo el Congreso puede imponer nuevas restricciones federales sobre cómo se llevan a cabo las elecciones.
Su demanda, presentada ante el sistema judicial de distrito en Washington, D.C., también planteó dudas sobre los motivos de Trump para emitir la orden ejecutiva.
Advierten que los cambios tan cerca de las elecciones de noviembre podrían crear confusión y malestar.
Según la demanda, la directiva de utilizar datos del DHS y de la Administración del Seguro Social para crear “listas de ciudadanía estatal” también podría excluir indebidamente a los votantes legalmente registrados porque las bases de datos pueden contener errores o información desactualizada.
Por otra parte, una coalición de estados liderados por los demócratas presentó una denuncia similar en un tribunal federal de Boston, Massachusetts. Está previsto que la jueza de distrito estadounidense Indira Talwani, nombrada por el ex presidente Barack Obama, escuche los argumentos del caso el 2 de junio.
Otra orden ejecutiva emitida por Trump el año pasado exige que los votantes demuestren su ciudadanía estadounidense y prohíbe a los estados contar las boletas recibidas por correo después del día de las elecciones.
La orden ya ha sido bloqueada por tres jueces federales. La administración está apelando estas sentencias.
Durante años, Trump ha afirmado repetidamente, sin pruebas, que su derrota electoral de 2020 fue el resultado de un fraude electoral generalizado.
Ha prometido reformas radicales al sistema de votación estadounidense, lo que ha generado preocupación entre los críticos de que los derechos democráticos puedan verse restringidos.
