Además del coste exorbitante, el proceso llamó la atención de la oposición porque se había nombrado a un funcionario de Nueva Democracia director del Servicio Técnico del ministerio, que estaba a cargo de ambas construcciones.
El entonces ministro de Migraciones, Notis Mitarachi, defendió el nombramiento cuando la cuestión se planteó en el parlamento en 2020, argumentando que el servicio técnico operaba entonces a través de ONG, que gestionaban el 82 por ciento de los fondos de migración de la UE.
El primer contrato que ahora está siendo investigado por la EPPO implica la ampliación de un campo existente en Malakasa, construido para albergar a 1.500 inmigrantes trasladados desde las islas. El contrato se adjudicó en abril de 2020 a una empresa con sede en Atenas, sin licitación previa. Si bien el contrato inicial para el mantenimiento básico de la estructura valía 4,3 millones de euros, el proyecto finalmente se entregó después de al menos cinco ampliaciones y un contrato complementario por valor de 1,7 millones de euros.
La Fiscalía Europea también está investigando un contrato para el centro en el norte de Grecia, que se adjudicó en julio de 2020 a una empresa técnica con sede en Kavala, con un coste inicial de 3,6 millones de euros. Asimismo, ese proyecto sufrió al menos tres ampliaciones hasta su finalización, con un coste adicional de 1,7 millones de euros.
La construcción de los dos campos también se menciona en un documento interno de una organización internacional encargada de la migración con sede en Grecia, citado por Kathimerini. El documento señala que el costo de ambos centros fue exorbitante en comparación con cualquier proyecto de construcción similar financiado por la Dirección General de Migración y Asuntos Internos de Grecia.
“La UE ha financiado acciones muy similares que se completaron en el mismo plazo (o incluso menos) por un importe 15 veces inferior al pagado por el MoMA. [Greek Ministry of Migration and Asylum]”, se lee en el documento.
Según los cálculos de la organización, para otras instalaciones de similares características, el mismo gobierno había gastado sólo 270 euros por beneficiario frente a los 23.900 euros en Malakasa.
El gobierno conservador de Nueva Democracia de Grecia está bajo una presión cada vez mayor, ya que varios de sus funcionarios supuestamente podrían estar involucrados en investigaciones de la Fiscalía Europea sobre la malversación de fondos de la UE. Varios ministros dimitieron el verano pasado y también en abril por su supuesta implicación en un enorme escándalo agrícola de la UE.
