En su análisis, el IPP explica la mala cosecha del impuesto sobre los beneficios petroleros de 2022 a un número menor de lo esperado de empresas afectadas, pero también al hecho de que las empresas podrían culpar a sus pérdidas de años anteriores. El IPP estima que “unas pocas docenas de empresas que representan el 72% de las superganancias” se salvaron.
Por eso, en el proyecto de ley que ha presentado recientemente, la diputada ecologista Eva Sas propone ampliar el perímetro, modificar la base imponible y aumentar el tipo impositivo. «Podemos aprender lecciones de 2022 para evitar un desastre», piensa Bastien Gebel, de Transportes y Medio Ambiente.
Las ONG defienden otro enfoque, llamado “impuesto unitario”, basado en el trabajo del Observatorio Fiscal Internacional, dirigido por el economista Gabriel Zucman, que recientemente publicó un estudio que afirma que la parte de los beneficios declarados por los gigantes petroleros en paraísos fiscales aumentó en tiempos de crisis.
“La idea es gravar en función de la actividad real que las empresas de petróleo y gas realizan en Francia”, continúa Bastien Gebel, sin practicar la extraterritorialidad fiscal.
Oxfam Francia estima así que los impuestos pagados por TotalEnergies en Francia no reflejan su actividad real en el país, ya que el 22,8% de su volumen de negocios global se genera en Francia (que las empresas nos recuerdan que debemos distinguir entre volumen de negocios y beneficios). La ONG calcula en 2.000 millones de euros la suma que podría recuperar el Estado simplemente gravando a TotalEnergies.
En su nota, el IPP subraya que Francia es «un país grande en términos de consumo, empleo y activos tangibles en la cadena de valor de TotalEnergies, pero un país enano en términos de rentabilidad relativa y, por tanto, en términos de impuestos», lo que podría explicarse por el hecho de que «los grupos petroleros [font] de Francia, y no de sus vecinos, un centro de costes más que de beneficios”.
