El sur de Rusia se enfrenta a uno de los mayores desastres medioambientales de su historia moderna. En abril, los repetidos ataques ucranianos contra la infraestructura petrolera rusa en Tuapse provocaron incendios masivos en refinerías y derrames de petróleo a lo largo de la costa del Mar Negro, incluso cerca de Sochi. Los residentes describieron una «lluvia negra» que caía del cielo mientras el humo y los residuos de petróleo se extendían por la zona. Semanas después, la vida silvestre sigue muriendo, las playas siguen contaminadas y los voluntarios que intentan responder dicen que sus esfuerzos a menudo se ven obstaculizados. Al mismo tiempo, las autoridades se han centrado menos en afrontar la magnitud del desastre que en silenciar a quienes hablan al respecto. A pesar del daño ambiental en curso, los funcionarios ya están discutiendo la reapertura de las playas y el lanzamiento de la temporada turística.
El desastre plantea preguntas difíciles sobre la devastación ambiental durante la guerra. Ucrania, que ha sido testigo de innumerables desastres ambientales relacionados con la guerra total de Rusia, ha estado entre los principales actores que piden que el ecocidio sea reconocido como un crimen internacional, aunque el concepto aún no ha sido codificado formalmente en el derecho internacional. Pero a raíz de los ataques de abril, algunos activistas ambientales en Rusia y más allá acusan a Ucrania de hipocresía y de causar daños ambientales a largo plazo mediante ataques a la infraestructura petrolera. Existe un verdadero debate sobre si tales acciones pueden justificarse, incluso cuando apuntan al agresor, si sus consecuencias ambientales podrían durar décadas.
Pero centrarse exclusivamente en los ataques ucranianos corre el riesgo de oscurecer las causas estructurales más profundas del desastre. La infraestructura petrolera de Rusia está profundamente arraigada en su economía de guerra, y un daño ambiental de esta magnitud no ocurre en el vacío. Ha sido moldeado por años de desregulación, falta de supervisión y el desmantelamiento sistemático de las protecciones ambientales. Estas tendencias se intensificaron durante la invasión a gran escala, a medida que se abolieron cada vez más las salvaguardias ambientales para mantener la economía de guerra. Esto incluye cambios legislativos recientes que afectan la protección del lago Baikal, un ecosistema único que contiene alrededor del 23% del agua dulce no congelada del mundo, lo que genera preocupación entre los expertos sobre los riesgos ambientales a largo plazo.
Durante años, las organizaciones ambientalistas en Rusia han sido etiquetadas de “agentes extranjeros” o declaradas “indeseables”, los movimientos ambientalistas independientes han sido desmantelados y los activistas han sido obligados a exiliarse. La catástrofe actual se está desarrollando en un país donde los desastres ambientales a menudo se silencian en lugar de abordarse.
Lo sorprendente de la situación actual no es sólo la magnitud de los daños, sino también la respuesta de las autoridades. En lugar de responder con transparencia y rendición de cuentas, los funcionarios rusos han tratado en gran medida de silenciar el debate sobre el desastre. Esto recuerda patrones anteriores, incluida la respuesta inicial al desastre de Chernobyl, donde el secretismo y el retraso en la divulgación de información exacerbaron en gran medida las consecuencias humanas y ambientales.
En este sentido, la responsabilidad no sólo recae en la causa directa del desastre, sino también en la falta de preparación, organización y rendición de cuentas.
El desastre también desató una ola inusual de discusiones dentro de la propia Rusia, muchas de las cuales aparecieron en línea, a pesar de la creciente censura. Los voluntarios en el terreno informaron que fueron obstruidos y, en algunos casos, acosados mientras intentaban rescatar vida silvestre. Los periodistas que intentaron documentar la situación se enfrentaron a arrestos. Incluso mientras se revelan los detalles del desastre, el margen para hablar sobre él sigue estando estrictamente controlado.
Sin embargo, la reacción del público es clara. Mucho de esto sucede en Instagram, que está bloqueado en Rusia, y en otras plataformas de redes sociales, donde la gente todavía usa VPN para hablar y leer noticias reales. En lugar de centrarse principalmente en las acusaciones contra Ucrania, gran parte de este debate se ha dirigido a las autoridades rusas. El desastre se utiliza, implícita y a veces explícitamente, para cuestionar la falta de coordinación, la falta de transparencia y el sistema político más amplio que permite que ocurran tales crisis.
Esto es importante. En un país donde incluso llamar guerra a la guerra está efectivamente prohibido, la catástrofe ambiental se ha convertido en uno de los pocos canales a través de los cuales todavía pueden surgir críticas.
La situación también revela un problema más profundo que va más allá de las fronteras de Rusia. Destaca una brecha fundamental en el derecho internacional: la falta de mecanismos efectivos para abordar la destrucción ambiental a gran escala en el contexto de la guerra.
Los acontecimientos recientes ilustran las consecuencias de esta brecha. La destrucción de la presa de Kakhovka ha causado enormes daños ambientales, pero no ha logrado generar una rendición de cuentas jurídica o política sostenida a nivel internacional. Desde entonces, la devastación ambiental ha seguido acompañando a la guerra, sin mecanismos claros para abordarla.
En términos más generales, esta cuestión está marginada. La guerra en Ucrania se ha politizado tanto a nivel mundial que las discusiones sobre sus consecuencias ambientales a menudo se minimizan, se evitan o se absorben en narrativas geopolíticas más amplias. Desde la perspectiva de un activista ambiental de Rusia, esto crea un profundo sentimiento de impotencia. Estas cuestiones son cada vez más difíciles de plantear, no porque sean menos importantes, sino porque compiten con una miríada de crisis globales.
Esta frustración también es evidente dentro de sectores del movimiento pacifista ruso, donde existe una percepción cada vez mayor de que los actores internacionales se están centrando más en las consecuencias económicas del conflicto que en abordar sus causas más profundas y sus riesgos que van más allá de las amenazas militares.
Mientras tanto, la devastación ambiental continúa en toda Rusia, un país que cubre una décima parte de la masa terrestre de la Tierra, y recibe poca atención internacional. Esto incluye no sólo los daños causados por la guerra, sino también patrones ancestrales asociados con la extracción, el dominio colonial en las repúblicas nacionales y la marginación sistemática de las comunidades indígenas. No se trata de cuestiones separadas. Son parte del mismo problema básico, que en gran medida sigue sin abordarse.
La explotación ambiental en las regiones de Rusia ha estado vinculada durante mucho tiempo a antiguos patrones imperiales de control y desposesión. Estas mismas regiones del sur son también las áreas donde el Imperio Ruso cometió genocidio contra el pueblo indígena circasiano, exterminando y expulsando a más del 95% de la población local a finales del siglo XIX. Ahora, parece que lo que les interesa a las autoridades rusas no es la destrucción ambiental per se, sino reabrir las playas para que la zona pueda seguir generando ingresos.
Mientras Europa se prepara para gastar cientos de miles de millones de euros en respuesta a lo que considera una creciente amenaza militar rusa, se presta mucha menos atención a las estructuras políticas y económicas que sustentan la devastación ambiental dentro de la propia Rusia. Desde la perspectiva de un activista ambiental y alguien que completó una maestría en asuntos internacionales, existe una brecha sorprendente en cómo abordar las causas fundamentales de esta crisis.
Se presta poca atención a las estructuras más profundas que lo sustentan: el dominio colonial ruso y el modelo económico extractivo en las regiones de Rusia. Estas cuestiones siguen siendo insuficientemente exploradas, no sólo en la toma de decisiones políticas, sino también en la cobertura académica y mediática. Esta brecha es particularmente evidente en las oportunidades perdidas de involucrarse con los movimientos de descolonización rusos emergentes y con los activistas indígenas de las repúblicas nacionales, quienes durante mucho tiempo han planteado precisamente estas preocupaciones. Sus puntos de vista siguen siendo marginales, aunque esenciales para comprender la devastación ambiental y la inestabilidad política en la región.
Muchas organizaciones internacionales y ONG también han reducido o abandonado su trabajo en cuestiones internas ambientales y de derechos humanos en Rusia, así como en dinámicas regionales más amplias en Europa del Este y Asia Central. Como resultado, áreas enteras de especialización desaparecen en el momento en que más se necesitan. Las voces que podrían contribuir a una comprensión más profunda y quizás a soluciones a largo plazo son cada vez más marginadas o ignoradas.
Cuando ocurre un desastre, la gente se pregunta cómo pudo haber caído petróleo del cielo.
Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente la posición editorial de Al Jazeera.
