Somalia está entrando en uno de los momentos más peligrosos de su historia moderna sin alcanzar un camino acordado para la celebración de elecciones o una transición política. Las conversaciones encabezadas por Estados Unidos y el Reino Unido entre el gobierno y la oposición colapsaron el 15 de mayo, fecha en la que debía terminar el mandato original de cuatro años del presidente Hassan Sheikh Mohamud, dejando la legitimidad de instituciones federales clave bajo serias presiones.
Justin Davis, el encargado de negocios de Estados Unidos en Somalia, y el embajador del Reino Unido, Charles King, intentaban persuadir a los líderes políticos de ambos lados para que llegaran a un acuerdo sobre una hoja de ruta para la transición política. Su fracaso deja al país sin un camino acordado a seguir en el peor momento posible.
Desde 2008, Somalia ha sido catalogada a menudo como uno de los países más frágiles del mundo. Bajo el liderazgo del Presidente Mahmoud, el país se enfrenta ahora a un impasse político que amenaza su supervivencia. Esta crisis se desarrolla en medio de inseguridad, angustia humanitaria, fragilidad económica, corrupción desenfrenada y rivalidades geopolíticas cambiantes.
En el centro de la crisis está la naturaleza controvertida del propio Estado somalí. Somalilandia busca la independencia, mientras que Puntlandia y Jubbalandia han roto sus vínculos con el gobierno federal. Al-Shabaab controla gran parte del país y las principales carreteras. El gobierno federal y al menos tres estados miembros federales operan fuera de sus jurisdicciones. El calendario electoral previsto pasó sin votación: el mandato de cuatro años del Parlamento terminó en abril de 2026, y el mandato del presidente terminó un mes después, pero no hay una hoja de ruta acordada para las elecciones o la transición política que lo reemplace.
En un proceso controvertido, el gobierno cambió unilateralmente la constitución, promulgó una ley electoral que sus oponentes consideraron interesada y estableció una comisión electoral que rechazan por considerarla parcial. En los últimos cuatro años, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se han concentrado cada vez más en manos del Presidente Mahmoud.
La Oposición Nacional Somalí, junto con Puntlandia y Jubbalandia, describieron las acciones del gobierno como una toma de poder y las rechazaron. Dicen que la constitución de 2012, que refleja el acuerdo político de Somalia, sigue siendo la ley del país. Como resultado, Somalia se encuentra ahora atrapada entre dos reivindicaciones opuestas de legitimidad constitucional. Por su parte, el gobierno confirma que está trabajando para promover el tan esperado objetivo democrático de Somalia, que es pasar de la selección indirecta mediada por clanes a elecciones unipersonales y de un voto, y que las enmiendas constitucionales que amplían el mandato presidencial de cuatro a cinco años han sido legalmente aprobadas por el Parlamento.
El sufragio universal y la política partidista siguen siendo una aspiración difícil de alcanzar para los somalíes. Si bien reconocen esta realidad, el gobierno y la oposición siguen aceptando un sistema de poder compartido sobre una base tribal. Sin embargo, no están de acuerdo sobre cómo seleccionar a los miembros del parlamento que representan a los clanes a nivel estatal y federal. El gobierno busca extender su mandato por un año y propone un sistema electoral para representantes tribales que, según los críticos, lo ayudará a mantener su control del poder. Por el contrario, la oposición pide mejorar el proceso de elección indirecta mediante el cual las tribus eligen a sus representantes.
Esta ruptura política se está desarrollando en un país que ya enfrenta serios desafíos de seguridad y gobernanza. Aunque la situación de seguridad en la capital ha mejorado, la violencia sigue siendo generalizada, especialmente en el centro-sur de Somalia. Según la base de datos ACLED, las muertes a nivel nacional alcanzaron un récord en 2025, y Al-Shabaab ha sido responsable de la gran mayoría de las muertes en conflictos registradas en las últimas dos décadas. Durante los cuatro años que la actual administración ha estado en el poder, los mismos datos indican decenas de miles de muertes en todo el país, concentradas principalmente en Benadir, Bajo Shabelle, Bajo Juba e Hiran.
La crisis también se produce en un contexto humanitario y económico en deterioro. A pesar de las lluvias en todo el país, las agencias humanitarias advierten que millones de somalíes padecen inseguridad alimentaria. Los esfuerzos humanitarios internacionales están luchando por recaudar fondos para ayudar a los afectados por la pobreza, el desplazamiento y el conflicto. La ayuda exterior ha disminuido desde que la administración Trump desmanteló la USAID en 2025, mientras que la relación entre ingresos internos y PIB de Somalia se mantiene en un solo dígito. Las preocupaciones sobre la viabilidad y asequibilidad del Estado han llevado a muchos a aspirar a una economía basada en recursos, especialmente a medida que Türkiye amplía su participación en los sectores petrolero y pesquero de Somalia.
La corrupción también debilitó la confianza pública en las instituciones estatales. Según el Índice de Percepción de la Corrupción, Somalia se ha clasificado constantemente entre los países más corruptos del mundo durante la última década. La corrupción generalizada ha socavado casi todos los aspectos de la gobernanza. El enfoque del gobierno respecto de la gestión de la tierra ha profundizado estas preocupaciones, y los críticos lo acusan de expulsar por la fuerza a personas que ocuparon tierras públicas durante la guerra y de vender parte de estas tierras a comerciantes sin el debido proceso. Muchos ciudadanos que poseían documentos legales de gobiernos anteriores también perdieron sus hogares.
Estas presiones internas se ven exacerbadas por las rivalidades regionales y globales. Somalia está luchando por superar la intensa competencia en el Cuerno de África, el Golfo de Adén, el Mar Rojo y el Océano Índico occidental. La clase política dividida gestiona estos desafíos no como un Estado cohesivo, sino a través de regiones, clanes y bloques políticos en competencia. A varios grupos se han sumado varias potencias regionales y países vecinos.
Los actores regionales, incluidos Türkiye, Arabia Saudita, Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Irán y Egipto, son cada vez más activos en el Cuerno de África. Israel se convirtió en el primer país en reconocer oficialmente a Somalilandia a finales del año pasado, intensificando la competencia entre potencias regionales rivales y atrayendo más atención a Somalia y Somalilandia en medio del cambio geopolítico de la región.
Las presiones políticas, de seguridad, económicas y humanitarias también han tenido graves impactos en el espacio cívico. El gobierno ha sido acusado de silenciar a la oposición encarcelando a periodistas y activistas civiles. La oposición ahora está convocando manifestaciones, mientras que el gobierno desalienta abiertamente la participación pública.
¿Qué debería pasar ahora?
Somalia se encuentra en una coyuntura crítica. Una intervención oportuna de la comunidad internacional podría ayudar a alejar al país de la violencia y la división política. En el pasado, los donantes tradicionales, especialmente Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, ayudaron a facilitar las últimas cinco transiciones políticas en Somalia, en 2004, 2008, 2012, 2016 y 2022.
Los diplomáticos estadounidenses y británicos en Mogadiscio hicieron importantes esfuerzos para acercar a las dos partes y facilitar el diálogo, aunque estos esfuerzos llegaron tarde. El último impulso ahora puede requerir un compromiso más directo de Washington y Londres, así como un compromiso con donantes no tradicionales del Golfo. Türkiye también expresó su interés en contribuir a los esfuerzos de mediación. Esto debería ser bienvenido, ya que Ankara tiene influencia sobre los actores políticos tanto del gobierno como de la oposición.
La comunidad internacional primero debe presionar al gobierno para que negocie una hoja de ruta política de buena fe, centrándose en un proceso electoral práctico y oportuno. Villa Somalia también debe dejar de utilizar las instituciones estatales, incluidas las fuerzas de seguridad y la Agencia Internacional de Aviación y Asistencia, como herramientas en el conflicto político.
Al mismo tiempo, se debe alentar a la oposición a involucrarse de manera constructiva con el gobierno y evitar iniciar un proceso paralelo que podría conducir a la formación de un gobierno alternativo. Lo más importante es que la comunidad internacional debería imponer sanciones selectivas a los saboteadores políticos que utilizan medios extralegales para desestabilizar el país.
Más allá del estancamiento político inmediato, también existe una necesidad urgente de un diálogo nacional genuino y una reconciliación nacional. Los procesos de paz anteriores en Djibouti y Kenia incluyeron una amplia gama de actores de consolidación de la paz y ayudaron a crear la Tercera República. Una lección aprendida de estos procesos es que las instituciones construidas por personas que no se han reconciliado plenamente no pueden sobrevivir. Los somalíes nunca han tenido la oportunidad de participar en un diálogo nacional serio y amplio. Necesitan un foro abierto, una reconciliación real e instituciones estatales que sean de su propiedad colectiva.
Somalia está al borde de la desintegración política, pero aún se encuentra en la etapa de prevención. Precisamente por esta razón, la comunidad internacional en general debe actuar ahora, como lo ha hecho en el pasado. Todavía hay tiempo para alejar a Somalia de su camino de autodestrucción y proteger décadas de inversión en la construcción del Estado y la consolidación de la paz.
Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente la posición editorial de Al Jazeera.
