Observando que el derecho de los ciudadanos a recibir atención traumatológica es una parte integral del derecho a la vida, la Corte Suprema ha pedido a todos los estados y territorios de la Unión que pongan en funcionamiento en un plazo de tres meses una línea de ayuda número ‘112’ para respuestas de emergencia y establezcan un sistema funcional de reparación de agravios del buen samaritano.
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